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El tribunal sentencia que el reglamento "infringe la libertad de empresa", anula la prohibición de ejercer la actividad en zonas turísticas y permite el alquiler de habitaciones.

Los propietarios y gestores de viviendas vacacionales han obtenido una primera victoria en la batalla que los enfrenta al Gobierno de Canarias y a la patronal hotelera. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado varios artículos del decreto que regula esta actividad -aprobado en los compases finales de la pasada legislatura y que el Parlamento ha instado a revisar-, entre ellos la exclusión de las viviendas situadas en zonas turísticas, una prohibición que deja fuera de la ley a cerca de la mitad de los inmuebles dedicados al alquiler vacacional.